En la tarde de ayer pudimos escuchar de
voz del ministro De Guindos, dada la vergonzosa incomparecencia del
presidente Rajoy, que España solicitaría -tal como se había venido
especulando los últimos días- un rescate por valor de 100.000 millones
de euros. Aproximadamente, un 10% del PIB. El rescate está centrado en
el sector financiero para su saneamiento y no supondrá un recorte o
medidas especiales salvo para el sector bancario. Este rescate será
provisto por el fondo especial del Eurogrupo y contará, además, con el
control del Fondo Monetario Internacional. Hasta ahí, lo oficial. Ahora
toca decir la verdad.
Rescate o préstamo
Según el ministro De Guindos, estamos
ante un préstamo. La diferencia entre un rescate y un préstamo no está
perfectamente definida pero entendemos que lo que De Guindos pretende es
poner la situación de España lejos, en el imaginario colectivo, del
caso griego o portugués. Es decir, el peso que la condicionalidad tiene
en la operación -esto es, las condiciones que se ponen para que se pueda
obtener el préstamo (recortes, subidas de impuestos, etc.)- es más
reducido en un préstamo que en un rescate. Según De Guindos sólo
afectarán, los recortes o ajustes, al sistema financiero pues es el
sistema financiero -y no el Estado- el que ha provocado este rescate.
Sin embargo, estamos en sentido estricto ante un préstamo, un préstamo
que genera intereses (que, por cierto, están por concretar) y que pesan
sobre la deuda pública (pues el préstamo es oficialmente deuda pública).
Por tanto, a causa del préstamo, los intereses (que por bajos que sean
suponen intereses sobre 100.000 millones de euros) inflarán la deuda
pública, haciendo ahora que sí sea el Estado quien provoque un futuro
rescate al absorber los problemas privados vía intereses de la deuda.
De hecho, el Eurogrupo en su comunicado
deja bien claro que estamos ante un rescate ya que los recortes y
ajustes no sólo afectarán al sistema financiero pues, textualmente,
indican: “El Eurogrupo confía en que España cumplirá sus compromisos en
virtud del procedimiento de déficit excesivo y con respecto a las
reformas estructurales, con el fin de corregir los desequilibrios
macroeconómicos en el marco del semestre europeo. El progreso en estas
áreas serán cercana y regularmente revisados también en paralelo con la
asistencia financiera.”. Es decir, el Eurogrupo -quien concede el
préstamo- plantea que España actuará también sobre “reformas
estructurales” además de sobre el sistema financiero.
Por tanto, diga lo que diga De Guindos, estamos ante un rescate como el griego o el portugués.
Deuda ¿pública?
Es claro que el rescate de 100.000
millones será asumido como deuda pública. Este dinero, será usado para
tapar los agujeros de las entidades privadas de diferentes formas
(avales, préstamos, etc.). Se supone, y es una suposición, que las
entidades financieras deberían devolver el nominal (el préstamo sin
intereses) al Estado. ¿Pero qué hay de los intereses? Será el Estado el
que los asuma. El Estado pagará en nombre de todos y todas pero para el
beneficio de unos pocos los intereses que ningún bien hacen al ciudadano
y ciudadana de a pie. Esos intereses, como decíamos más arriba, serán
los causantes de un futuro rescate más profundo aún.
Pero al hilo de esto podríamos
aprovechar para echar una mirada a los datos que provee la Comisión
Europea acerca de las ayudas que los Estados han dado a la banca desde
el inicio de la crisis. Según la Comisión, España gastó desde 2008 hasta
2011 un total de 336.960 millones de euros en ayudas a los bancos. Un
31,7% del PIB de 2010. Aproximadamente la deuda pública entre 2008 y
2011 ascendió a una cuantía similar. Es decir, la deuda pública por la
que seremos intervenidos próximamente no es pública. No se debe a gasto
educativo, sanitario o incluso militar. No. Es gasto puramente privado
absorbido por el Estado tanto en la legislatura del PSOE como en la del
PP. Estamos asistiendo al rescate del Titanic donde las primeras clases,
aquellos que desafiaron al capitán a acelerar los motores, salen en
botes rescatados a costa de las clases populares que ven cómo sus sueños
se hunden. Cómo miles de personas son desahuciadas, desamparadas por un
Estado preocupado por aquellos que ordenan las mismas ejecuciones
hipotecarias. El comité ejecutivo de la clase dominante se ha venido
quitando en estos últimos años el disfraz del pacto social con un
descaro que apabulla.
Rescate constitucional
No obstante, para afirmar aún más
nuestra creencia en que este primer rescate sólo es el pistoletazo de
salida que nos llevará a un segundo rescate más duro aún o que, como
mínimo, supondrá medidas de profundo retroceso en derechos sociales,
traemos la reciente reforma constitucional aprobada por el PP y el PSOE
donde se deja bien claro cuáles son las prioridades del Estado en
materia presupuestaria.
Articulo 135 de la (nueva) Constitución
Española: “Los créditos para satisfacer los intereses y el capital de la
deuda pública de las Administraciones se entenderán siempre incluidos
en el estado de gastos de sus presupuestos y su pago gozará de prioridad
absoluta”.
Es decir, que si no era necesario que la
Constitución obligase para priorizar el gasto -véanse los recortes en
educación y sanidad la misma semana que el rescate de Bankia-, con su
transformación en deuda pública, el gobierno tiene la coartada perfecta
para aumentar y profundizar la agenda de recortes. No pueden negar ahora
que cuando Guindos hablaba de préstamo -y los titulares de los
periódicos de hoy se jactaban de “buen préstamo”- lo que realmente
hacían era reírse de todos nosotros y nosotras.
El panorama se muestra sombrío y sólo la
organización y la lucha puede albergar la esperanza de abrir un rayo de
revolución en el horizonte.
Artículo de Alejandro Quesada Solana publicado en Economía Crítica.
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