jueves, 14 de junio de 2012

¿Por qué lo llaman rescate cuando quieren decir condena?

En la tarde de ayer pudimos escuchar de voz del ministro De Guindos, dada la vergonzosa incomparecencia del presidente Rajoy, que España solicitaría -tal como se había venido especulando los últimos días- un rescate por valor de 100.000 millones de euros. Aproximadamente, un 10% del PIB. El rescate está centrado en el sector financiero para su saneamiento y no supondrá un recorte o medidas especiales salvo para el sector bancario. Este rescate será provisto por el fondo especial del Eurogrupo y contará, además, con el control del Fondo Monetario Internacional. Hasta ahí, lo oficial. Ahora toca decir la verdad.

Rescate o préstamo
Según el ministro De Guindos, estamos ante un préstamo. La diferencia entre un rescate y un préstamo no está perfectamente definida pero entendemos que lo que De Guindos pretende es poner la situación de España lejos, en el imaginario colectivo, del caso griego o portugués. Es decir, el peso que la condicionalidad tiene en la operación -esto es, las condiciones que se ponen para que se pueda obtener el préstamo (recortes, subidas de impuestos, etc.)- es más reducido en un préstamo que en un rescate. Según De Guindos sólo afectarán, los recortes o ajustes, al sistema financiero pues es el sistema financiero -y no el Estado- el que ha provocado este rescate. Sin embargo, estamos en sentido estricto ante un préstamo, un préstamo que genera intereses (que, por cierto, están por concretar) y que pesan sobre la deuda pública (pues el préstamo es oficialmente deuda pública). Por tanto, a causa del préstamo, los intereses (que por bajos que sean suponen intereses sobre 100.000 millones de euros) inflarán la deuda pública, haciendo ahora que sí sea el Estado quien provoque un futuro rescate al absorber los problemas privados vía intereses de la deuda.
De hecho, el Eurogrupo en su comunicado deja bien claro que estamos ante un rescate ya que los recortes y ajustes no sólo afectarán al sistema financiero pues, textualmente, indican: “El Eurogrupo confía en que España cumplirá sus compromisos en virtud del procedimiento de déficit excesivo y con respecto a las reformas estructurales, con el fin de corregir los desequilibrios macroeconómicos en el marco del semestre europeo. El progreso en estas áreas serán cercana y regularmente revisados también en paralelo con la asistencia financiera.”. Es decir, el Eurogrupo -quien concede el préstamo- plantea que España actuará también sobre “reformas estructurales” además de sobre el sistema financiero.
Por tanto, diga lo que diga De Guindos, estamos ante un rescate como el griego o el portugués.
Deuda ¿pública?
Es claro que el rescate de 100.000 millones será asumido como deuda pública. Este dinero, será usado para tapar los agujeros de las entidades privadas de diferentes formas (avales, préstamos, etc.). Se supone, y es una suposición, que las entidades financieras deberían devolver el nominal (el préstamo sin intereses) al Estado. ¿Pero qué hay de los intereses? Será el Estado el que los asuma. El Estado pagará en nombre de todos y todas pero para el beneficio de unos pocos los intereses que ningún bien hacen al ciudadano y ciudadana de a pie. Esos intereses, como decíamos más arriba, serán los causantes de un futuro rescate más profundo aún.
Pero al hilo de esto podríamos aprovechar para echar una mirada a los datos que provee la Comisión Europea acerca de las ayudas que los Estados han dado a la banca desde el inicio de la crisis. Según la Comisión, España gastó desde 2008 hasta 2011 un total de 336.960 millones de euros en ayudas a los bancos. Un 31,7% del PIB de 2010. Aproximadamente la deuda pública entre 2008 y 2011 ascendió a una cuantía similar. Es decir, la deuda pública por la que seremos intervenidos próximamente no es pública. No se debe a gasto educativo, sanitario o incluso militar. No. Es gasto puramente privado absorbido por el Estado tanto en la legislatura del PSOE como en la del PP. Estamos asistiendo al rescate del Titanic donde las primeras clases, aquellos que desafiaron al capitán a acelerar los motores, salen en botes rescatados a costa de las clases populares que ven cómo sus sueños se hunden. Cómo miles de personas son desahuciadas, desamparadas por un Estado preocupado por aquellos que ordenan las mismas ejecuciones hipotecarias. El comité ejecutivo de la clase dominante se ha venido quitando en estos últimos años el disfraz del pacto social con un descaro que apabulla.

Rescate constitucional
No obstante, para afirmar aún más nuestra creencia en que este primer rescate sólo es el pistoletazo de salida que nos llevará a un segundo rescate más duro aún o que, como mínimo, supondrá medidas de profundo retroceso en derechos sociales, traemos la reciente reforma constitucional aprobada por el PP y el PSOE donde se deja bien claro cuáles son las prioridades del Estado en materia presupuestaria.
Articulo 135 de la (nueva) Constitución Española: “Los créditos para satisfacer los intereses y el capital de la deuda pública de las Administraciones se entenderán siempre incluidos en el estado de gastos de sus presupuestos y su pago gozará de prioridad absoluta”.
Es decir, que si no era necesario que la Constitución obligase para priorizar el gasto -véanse los recortes en educación y sanidad la misma semana que el rescate de Bankia-, con su transformación en deuda pública, el gobierno tiene la coartada perfecta para aumentar y profundizar la agenda de recortes. No pueden negar ahora que cuando Guindos hablaba de préstamo -y los titulares de los periódicos de hoy se jactaban de “buen préstamo”- lo que realmente hacían era reírse de todos nosotros y nosotras.
El panorama se muestra sombrío y sólo la organización y la lucha puede albergar la esperanza de abrir un rayo de revolución en el horizonte.


Artículo de Alejandro Quesada Solana publicado en Economía Crítica.


No hay comentarios:

Publicar un comentario