04 Julio 2011
Extracto del Informe Político del Comité Central del 28 de mayo de 2011
Internacional:
Comenzamos el análisis de la coyuntura política internacional por el norte de África, y parte del mundo árabe, en relación a las revueltas en diversos países que ya analizábamos en el anterior IP del CC, esta vez divididos a grandes rasgos en 4 ejes:
- Egipto y Túnez: Procesos pro-derechos civiles.
- Yemen y Bahrein. Procesos Pro-derechos civiles y sociales.
- Libia y Siria: Procesos de carácter militar/imperialista.
- Revueltas no consolidadas: Marruecos Argelia, Marruecos, Jordania, Emiratos Árabes, etc.
En la mayoría de los casos, estos estallidos sociales, cuyo alcance político cualitativo y su “efecto contagio” aún está por definir, son en muchos casos producto inevitable de años de silenciadas e invisibilizadas luchas obreras, sindicales y de masas, contra regímenes, aunque de orígenes diferentes, caracterizados por el autoritarismo, la corrupción, la represión y en la mayoría de casos, la subordinación general a los intereses económicos y geoestratégicos de las potencias imperialistas.
Durante estos últimos años, la UE ha legitimado, usado y usa estos gobiernos en su propio beneficio, preocupada principalmente por el control de los flujos migratorios (como ha puesto de manifiesto la crisis de la Lampedussa y el cierre de fronteras), la estabilidad del suministro energético, así como la consolidación de una amplia área de liberalización económica favorable a los intereses de la UE, EEUU y el Estado de Israel.
En este sentido, la caída de los tiranos Ben Alí y Mubarak, ha puesto de relieve el expolio de sus países, las expansión de las grandes empresas europeas, y el entramado diplomático y empresarial creado por occidente mediante el cual obtenían recursos (sobre todo Gas) a precios más que asequibles, gracias a los acuerdos comerciales preferentes firmados con la UE.
La profundización y la politización de las movilizaciones y los procesos de cambio, junto a la imprescindible unidad de acción de las fuerzas árabes populares, sindicales y de izquierdas para hacer frente a los elementos reaccionarios internos y externos que pretenden conducir el control directo de los procesos políticos en curso, deben caracterizar en un futuro inmediato los procesos prerrevolucionarios. Es imprescindible dotar de dirección política y liderazgo a los procesos.
La confrontación a nivel ideológico y la batalla por la opinión pública internacional está centrando buena parte de los esfuerzos de la oligarquía financiero-mediática, en el contexto de las más trascendentes revueltas en el mundo árabe.
Mientras que tropas de Arabia Saudí, aplastan las movilizaciones en Bahrein, dejando cientos de muertos con el respaldo y el beneplácito internacional, la OTAN abre la puerta a nuevas intervenciones militares de claro carácter imperialista en Siria, ante los enfrentamientos armados entre grupos de “rebeldes” y fuerzas gubernamentales.
En el caso concreto de Libia, la intervención armada de los países de la OTAN, amparada formalmente en la resolución 1973 del consejo de seguridad de la ONU, autoriza el uso de la fuerza para “proteger a las poblaciones civiles” mediante la creación de un “espacio de exclusión aérea”.
La guerra abierta contra Libia no es legal, ni justa, ni humanitaria, ni responde a la defensa de la democracia y los derechos humanos del pueblo libio.
No puede ser legal ya que no está respetando ni siquiera la propia resolución 1973 que sólo permite el uso de la fuerza para “proteger civiles”, aún cuando la ONU carece de toda legitimidad.
Y no puede ser justa, pues sus objetivos no son humanitarios, por un lado, el control de los recursos y riquezas naturales (sobre todo gas y petróleo), precisamente después de que en los últimos meses el ejecutivo libio pretendiera recuperar parte del control estatal de los recursos estratégicos de la nación; y por otro, el control directo de los proceso políticos tanto del norte de África, como de las petromonarquías del Golfo Pérsico, aliadas privilegiadas de los designios de EEUU, la UE e Israel.
Por esto Francia, excluida tradicionalmente de los contratos de extracción petrolífera con el régimen de Gadafi, fue una de las potencias más beligerantes y agresivas con el Gobierno Libio, mientras Italia, principal beneficiada por los contratos de extracción por su privilegiada relación con Gadafi, en primera instancia, renunció a la intervención armada. Cabe destacar también los conflictos internos en Rusia y China en torno a no vetar la resolución de la ONU, por las presiones/negociaciones de la UE y EEUU.
Semanas después del inicio de la aplicación del espacio de exclusión aérea, y a pesar de haber acabado con la flota aérea libia, viendo que no era suficiente para asegurar la victoria de los “rebeldes”, el imperialismo ha pasado directamente al ataque militar, utilizando los métodos más sofisticados, contra unidades terrestres, infraestructuras y edificios, saltándose el acuerdo “humanitario” al que se había llegado en la ONU, y poniendo en evidencia que en sus intenciones nunca estuvo el interés en la protección de civiles, sino directamente apoyar el derribo del gobierno libio
La participación española en esta guerra, a través del envío de barcos, aviones y soldados, debe hacernos considerar al Gobierno de Zapatero cómplice de un crimen de guerra y responsable directo de las víctimas civiles provocadas por los bombardeos de la OTAN y por el conflicto armado. Este apoyo de España a la guerra en Libia, constituye la enésima muestra de sometimiento español a los intereses del imperio y a las necesidades de las transnacionales españolas con intereses privados en la zona, como Repsol-IPF, Gas Natural Fenosa, etc.
Además, el grupo de los llamados “rebeldes”, con su bandera monárquica y sus modernas armas suministradas por la OTAN, con el apoyo de mercenarios a sueldo de las petroleras extranjeras en el país, con sus bancos, e integrado por gran parte de los altos cargos que abandonaron en los últimos meses el Gobierno liderado por Gadafi, y por tanto, también responsables de las violaciones a los derechos humanos cometidas en Libia en los últimos años, no parecen contar con destacable apoyo popular más allá de la zona este del país, que no representa más del 30% del territorio y a un porcentaje muy minoritario de las principales tribus libias. Esta zona del país cuenta, y no por casualidad, con la mayor parte de yacimientos petrolíferos libios.
El momento histórico que está viviendo el conjunto del mundo árabe, se verá afectado decisivamente por la profundización o no de los procesos populares, actualmente estancados en Túnez o Egipto, a pesar de que continúan las movilizaciones contra el gobierno de concertación y el militar respectivamente; o el futuro de la Guerra en Libia, conflictos que debemos seguir analizando de forma colectiva y concienzuda, pues a buen seguro reconfigurarán el panorama político internacional.
Lo que se presentó como una rápida “intervención militar quirúrgica”, justificada bajo el apoyo de la Liga Árabe,se ha convertido en una guerra abierta y prolongada de desgaste, cuyo frente de batalla bascula en las últimas semanas en torno a la ciudad clave de Ajdabiya.
Desde la UJCE, debemos seguir exigiendo una solida política al conflicto militar, que se centre en detener la guerra imperialista, acordar un alto el fuego inmediato e iniciar un proceso de diálogo nacional, en la línea de las propuestas del ALBA y la Unión Africana, organismos multilaterales ofrecidos a la mediación en el conflicto.
Continuando con la coyuntura política en África, la crisis en Costa de Marfil vivida en los últimos meses que ha degenerado en una guerra civil con más de mil muertos, debe hacernos reflexionar sobre las causas de un conflicto de este calibre, en uno de los países históricamente más estables y pacíficos de África, la llamada “suiza africana”.
El proceso político liderado en los últimos años por el presidente saliente Laurent Gbagbo, que incluía las nacionalizaciones de las empresas del cacao y café y la banca (los dos grandes bancos del país, El SGBCI, filial de la Société General y el BICICI, filial de BNP Paribas), todas empresas francesas, nos acerca a la verdadera motivación del conflicto político-militar, y el verdadero interés de la brutal y criminal intervención militar francesa en el país.
En noviembre del pasado año se celebraron elecciones presidenciales que arrojaron un 55% de los votos para Outtara, elecciones que fueron validadas por la Comisión Electoral Independiente, sin embargo poco después, el Consejo Constitucional, invalidaba por fraude y otros delitos electorales, las votaciones en varias circunscripciones, dando así una clara victoria al Partido Socialista- Frente Popular Marfileño (FPI).
El decidido apoyo político-militar de Francia, en la línea del “modelo francafrique”( la compleja red económica, militar, política, social y cultural que “une” a Francia con las antiguas colonias y en menor medida el África no francófona), precisamente a Alassane Outtara, exdirector para África del FMI, que había prometido resarcir a las empresas francesas, nos sitúa en un escenario mucho más opaco, oscurantista y complejo que los que las transnacionales de la comunicación han trasladado al mundo.
Introduciéndonos en el contexto de América Latina y el Caribe y tal y como señalábamos en el anterior IP del CC, el panorama general parece caracterizarse por un moderado reflujo general en las fuerzas de la alternativa política en la región.
Del 16 al 19 de Abril, hemos asistido al VI congreso del Partido Comunista de Cuba, que coincidía con el 50 aniversario de la victoria contra las tropas mercenarias en playa Girón y de la proclamación del carácter socialista de la revolución cubana.
Este conclave, cuyo objetivo era actualizar el modelo productivo socialista, fue fruto de la discusión colectiva de todo el pueblo cubano, un debate que se inició en Noviembre de 2010 y en el que se calcula que han participado unos 8 millones de cubanos en diferentes estructuras y niveles de participación.
Los debates fueron protagonizados por los 1000 delegados acreditados en el congreso en representación de aproximadamente 800.000 militantes agrupados a su vez en 61.000 organizaciones de base.
El informe político, severamente autocrítico presentado al congreso, centró sus análisis en el proceso partidario de cara al congreso en la descripción de las estadísticas de los debates (es decir, en torno a qué puntos de discusión se ha enfocado más el pueblo cubano), a introducir cada uno de los puntos más candentes, a analizar errores y aciertos.
El informe también se centró en valorar el papel del partido, su funcionamiento actual, etc, punto al que dedicó buena parte del texto, y para el cual se ha establecido que habrá en enero próximo otra conferencia nacional, donde se renovaran cuadros y se profundizarán los análisis y la rectificación del método y estilo de trabajo del partido en el marco del artículo 5 de la constitución de la republica de Cuba, que afirma que “la organización partidista (el PCC) es la vanguardia organizada de la nación cubana y fuerza dirigente superior de la sociedad y el estado” .
A este respecto, cabe destacar sus análisis y apreciaciones sobre la política de formación de cuadros, la diferenciación entre partido y administración y la necesidad de la promoción de mujeres y negros, mestizos y jóvenes a la dirección del partido, siendo esta ultima la cuestión más apremiante a fin de dotar al partido del relevo necesario.
En última instancia, el informe analizó principalmente la situación internacional, en especial las recientes revueltas populares en el mundo árabe y la intervención imperialista de EEUU y la OTAN contra el pueblo de Libia.
También se trató la política exterior de Cuba, tanto en sus principios como en la praxis, caracterizada por un lado en el respeto a la autodeterminación de los pueblos y el respeto a la legalidad internacional, y por otro en el apoyo solidario y contribución a los países subdesarrollados y sus pueblos, a través de programas de ayuda como la Misión médica en Haití o la colaboración con profesionales de diversas ramas de los países del ALBA.
No faltó tampoco el recuerdo a los 5 héroes cubanos, así como al papel hostigador e instigador de ataque contra la revolución cubana del gobierno de los EEUU y de la UE.
Estos 311 lineamientos, derivados de los anteriores 291, son la síntesis que se recogió de las cientos de miles de reuniones, de las miles y miles de discusiones y propuestas que el pueblo cubano realizó en el seno de su partido y que pasaron a una segunda etapa de discusión a nivel provincial, con los delegados electos al congreso, donde se aprobaron algunas de las aportaciones, pasando directamente al texto, las que tenían mayor consenso (257 propuestas incorporadas).
Estas 311 fueron los que pasaron al VI Congreso en la propuesta de texto definitivo para ser discutidas por los 986 delegados y los 97 invitados acreditados, donde se realizaron 618 intervenciones, que generaron la modificación de 86 lineamientos, un 28 % de los 311, más dos adicionales que fueron añadidos.
Quedó definitivamente aprobada la necesidad de una mayor descentralización de la producción, dentro de las empresas socialistas, especialmente en el ámbito provincial, la creación de pequeños espacios de propiedad privada, siempre supeditados a las empresas y los planes estatales, para pequeños oficios, la progresiva eliminación de la libreta de abastecimiento (no sin polémica). etc.
También se hicieron otras aportaciones para mantener el nivel cultural, educativo, sanitario y otros servicios públicos esenciales, siendo las únicas novedades en cuanto al desarrollo de los servicios públicos cubanos, algunas reorganizaciones a nivel educativo, en cuanto al número de profesores por colegio y según la ubicación de este.
Aun no está terminado de redactar, pero sí se conoce el contenido de la mayoría de ellos. El PCC ha decidido crear una comisión de seguimiento para su aplicación que se reunirá 2 veces por año, para vigilar la buena marcha en la aplicación de los acuerdos. Asimismo, en la conferencia nacional del PCC prevista para enero de 2012, se analizará también cual es el mejor método para su aplicación.
Por último, fue elegido un nuevo comité central de 115 miembros, que renovó la mitad de sus miembros, con una representación femenina del 41,7%, aunque manteniendo una media alta de edad en sus órganos. También se eligió un Buró Político de 15 integrantes y un Secretariado del Comité Central, que encabezaran Raúl Castro como 1er secretario y José Ramón Machado Ventura como 2º secretario, quedando el camarada Fidel Castro Ruz, fuera de todos los órganos centrales de dirección, pero manteniéndose como él mismo afirma, como un militante de base y un soldado de las ideas.
La situación en Venezuela viene marcada desde hace varios meses por la parálisis del proceso de avances revolucionarios, sumado a un auge de la influencia de los sectores derechistas dentro y fuera del gobierno.
Esto se constata con la extradición sin garantías del compañero Joaquín Becerra, refugiado político colombiano desde los años 80 (militante de la Unión Patriótica) director del medio de comunicación digital ANNCOL con sede en Suecia, país que tiene reconocida su condición de refugiado.
Por motivos de principios políticos y de respeto a la legislación internacional sobre Asilo, Refugio y Derecho Humanitario, estamos absolutamente en contra de la extradición a Colombia de Joaquín Becerra y demandamos su inmediata vuelta al país donde tiene reconocido el estatuto de refugiado. Una persona con doble nacionalidad, que ha sido reconocido internacionalmente como refugiado político, no puede ser repatriado a su país de origen mientras no medie un juicio previo en el que se dictamine que ha incumplido los requisitos previos o posteriores a la condición de asilo.
Al estar de paso en Venezuela, el procedimiento dicta un juicio previo, pero ante todo nunca la extradición inmediata al país de origen, donde no está garantizada su seguridad, su vida y su libertad.
Es un error político de gran magnitud del gobierno bolivariano, que se salta el derecho internacional y los principios políticos que defiende la revolución en pos de una estrategia de conciliación y pacto con la burguesía nacional y regional.
Esta estrategia ya dura algo más de un año, desde que Chávez empezara a hacer concesiones a la clase media y alta venezolanas (freno de las nacionalizaciones, salida de ministros competentes y/o revolucionarios, ataques a los comunistas, etc), en clave de política de obtención de votos de la clase media y reducción de tensiones con la burguesía y sus medios de comunicación, después de los descensos electorales de las elecciones previas, y con miras a aumentar votos en las regionales y parlamentarias de 2010, cosa que no consiguió, perdiendo enclaves estratégicos ante la contrarrevolución y sufriendo varias destacables “deserciones políticas”.
Esta estrategia de retroceso, pactismo y concesión, se visualiza de forma extrema en las relaciones "especiales" que mantiene Chávez en los últimos meses con Santos, y el Gobierno narco-paramilitar de Colombia, que ha generado una profunda polémica en el seno del PSUV, y en el que influyen múltiples pretextos como decíamos antes, más allá de los factores internos que podríamos resumir en:
- generar alianzas que mantengan el nivel de intercambio económico ante la situación de estancamiento del ALBA,
- el conflicto interno en Bolivia,
- el pasado golpe de estado en Honduras y el solventado en Ecuador,
- los visos generalizados de derechización de Centroamérica,
- la situación complicada de Argentina, en especial la constitución hace unas semanas del llamado "Bloque del pacifico", que está llamada a ser una unión político-económica de México, Colombia, Perú y Chile, constituida para dividir el proceso de integración regional y como antagonista a un ALBA ciertamente paralizado.
La estrategia del imperialismo después del proceso de fortalecimiento de UNASUR como espacio de resolución de conflictos al margen de EEUU, la pérdida de influencia de EEUU en la OEA, y la esperada constitución de la Comunidad de Estados Suramericanos y Caribeños como alternativa (sin EEUU) a la OEA, están haciendo que los norteamericanos y sus títeres locales hagan uso del “Divide y vencerás”.
Nuestra posición como UJCE, es de absoluto rechazo y condena al secuestro y extradición de Joaquín Becerra; ahora bien, ante las situaciones que previsiblemente puedan darse dentro de los movimientos de solidaridad internacional, también llamamos a no perder ni un segundo y tratar de que nadie lo pierda, en llevar el debate en la solidaridad mas allá de la condena a esta decisión concreta.
Nuestra posición es de apoyo a la revolución bolivariana y a la clase trabajadora venezolana, aceptando el liderazgo del presidente Chávez en coalición con nuestra organizaciones hermanas, el PCV y la JCV.
Asimismo, como comunistas y como militantes del movimiento de solidaridad, nuestra misión y posición debe ser difundir entre la clase trabajadora los avances políticos, económicos y sociales de la revolución bolivariana.
Caer en la trampa de demonizar por esto a Chávez o al proceso bolivariano en el marco de los movimientos de solidaridad, además de ser contraproducente, dividiría aún más un movimiento que debe de ser por naturaleza amplio y de consenso.
Por ello, combatir posiciones ultraizquierdistas y derrotistas es la consigna, como ya analizábamos y destacábamos en el pasado IP cuando valorábamos el debate en torno al congreso del Partido Comunista de Cuba.
Precisamente para avanzar desde una perspectiva socialista y antiimperialista, la revolución bolivariana necesita hoy más apoyo y pedagogía política que nunca. Seguir resaltando las victorias que se han obtenido en cada país y sobre todo contrastando la marea de desinformación y manipulación interesada sigue siendo la prioridad.
En Bolivia, el gobierno del MAS, no atraviesa tampoco su mejor momento, entre dificultades económicas del país, y una fuerte oposición y resistencia por parte de los movimientos sociales y la ciudadanía, a las medidas de ahorro y ajuste que está aplicando el gobierno.
El aumento de precio de combustibles (“gasolinazo”), las subidas salariales parciales limitadas a militares y policías, y otra serie de medidas, crearon un gran descontento popular que generó manifestaciones masivas así como la convocatoria de una Huelga General y jornadas de protestas (que duraron 6 días en total) por parte de la Central Obrera Boliviana, sindicato de clase, destacado a lo largo de décadas en la lucha del pueblo boliviano, y que fue protagonista principal del derrocamiento de varios presidentes.
A pesar de que varias estas medidas han sido revisadas y modificadas, las respuestas del ejecutivo han sido tardías y parciales, además de que las manifestaciones populares fueron fuertemente reprimidas, por lo que los ánimos populares no se han calmado.
La respuesta popular ha enarbolado la bandera de la reconducción y profundización del proceso, generando un amplísimo sector popular que, bien dirigido política y estratégicamente, puede llegar a generar la influencia suficiente sobre el gobierno para que modifique su deriva casi liberal, personificada en varios ministros y altos cargos del Gobierno de Bolivia.
En este difícil contexto, se ha abierto la esperanza de una futura victoria de la candidatura nacionalista y de izquierdas de Ollanta Humala en el Perú.
GANA Perú, alianza política y electoral del Partido Nacionalista Peruano que junto con el Partido Comunista Peruano y el Partido Comunista del Perú – Patria Roja (más otros partidos minoritarios) ha logrado unificar a toda la izquierda peruana en torno a un proyecto de cambio, de carácter nacional y antiimperialista.
Las expectativas creadas por la contundente victoria en primera vuelta contra los otros 4 candidatos sumado a las dificultades de la burguesía peruana y extranjera de aunar voto y apoyos a Keiko Fujimori, hacen más llano el camino a una posible victoria de izquierdas.
No sin peligros, el 5 de Junio, el pueblo peruano decidirá su futuro en las urnas entre el cambio de modelo que plantea Ollanta, contra el continuismo liberal-fascista del fujimorismo que no ha perdido apoyo electoral (20% permanente) y que amenaza con volver a los tiempos de la represión y violencia política, la censura y la corrupción más descarada.
Además, un posible giro a la izquierda en el Perú, con las posibilidades geoestratégicas que implica, en cuanto a recursos naturales, ubicación, población, posibilidades de intercambio comercial, etc, daría un balón de oxígeno a los países del ALBA y a las aspiraciones de integración continental, pues supondría una brecha ideológica dentro del recién formado “Bloque del Pacifico”.
En el marco del continente americano hemos de destacar también las movilizaciones sindicales y obreras en el estado norteamericano de Wisconsin (Madison) contra el proyecto de ley impulsado por el gobernador “republicano” que incluía severas medidas de austeridad a los funcionarios públicos, ataques a la negociación colectiva y recortes a otros servicios públicos y sociales.
Las movilizaciones sindicales, a las que se le sumaron estudiantes de secundaria y universidad, ocuparon durante semanas el capitolio, el senado y otras instituciones de Madison. Finalmente y a pesar de las protestas el proyecto de ley salió adelante con el voto de los republicanos. Sin embargo, en los últimos días los tribunales norteamericanos han paralizado el proyecto de ley.
Por su relevancia, cabe destacar lo acontecido en las últimas semanas en Japón, en relación al desastre producido por el terremoto y maremoto y la posterior catástrofe nuclear de Fukusima, que ha vuelto a poner de manifiesto, ante gran parte de la opinión pública internacional, los riegos y peligros, pero también la dependencia mundial de la energía nuclear. La próxima Conferencia sobre “Ecología, crisis y mundo rural”, se convertirá en el espacio idóneo para actualizar nuestros posicionamientos políticos al respecto, a partir de los acuerdos adoptados en el último congreso.
En el contexto europeo hemos de analizar cómo en un contexto de agudización de las consecuencias de la crisis para la clase, se han intensificado y consolidado los procesos de contrareformas ultraliberales.
Un buen ejemplo, lo tenemos en el “Plan de Salvación del Euro”, que ya proyecta la necesidad de las modificaciones constitucionales en los países miembro, encaminadas a la normativización del recorte social a escala continental, como principal garantía para aumentar la “competitividad europea”, y añadiendo la necesidad de limitar constitucionalmente los gastos sociales de los estados miembros, a través de la aprobación de sanciones millonarias para los países que se salten la “disciplina” antisocial.
El pacto, delimita los niveles de deuda y déficits público, que se incorporarán a los ordenamientos jurídicos nacionales, mediante leyes marco o reformas constitucionales, que afectarán también a las instancias administrativas subnacionales.
Por otro lado, también lanzado desde la UE, y como viene defendiendo la patronal española, y ya abiertamente altos cargos del Gobierno del PSOE, que bajo el argumento de la “competitividad” pretenden reformar el sistema de negociación colectiva y en particular en los procedimientos para determinar los salarios.
En definitiva, siguen tratando de que sea la clase obrera la que pague con sus derechos las consecuencias de una crisis sistémica, a través de una revisión de los acuerdos de fijación de salarios y una centralización de los procesos de negociación colectiva.
Además, el Pacto trata de imponer que los salarios del sector público contribuyan a la competitividad del sector privado y “evaluar la sostenibilidad fiscal” de los principales servicios públicos.
La aplicación del “gran pacto para la salvación del euro”, va a suponer una vuelta de
tuerca más en la ofensiva de clase poseedora, que supone una declaración de intenciones estratégica del capital europeo, que deberemos seguir estudiando.
Las conclusiones políticas del pacto del euro, constituyen un claro aviso hacia la privatización sistemática de la sanidad, la educación y otros servicios públicos esenciales en el conjunto de Europa.
Tenemos el ejemplo reciente del rescate de Portugal, en el que el Parlamento rechazó otro plan de recorte social y privatizaciones propuesto por el Gobierno, y éste ha sido impuesto por la vía de los hechos al ser rescatado el País. El país ha acabado, como Grecia e Irlanda, pidiendo oficialmente ayuda financiera a la UE tras la presión de los mercados y sus medios de comunicación. Este “préstamo” acabará siendo de 80.000 millones de euros.
La situación económica de Portugal se había vuelto insostenible en las últimas semanas después de que los bancos dijeran que se negaban a seguir comprando deuda si no se solicitaba el rescate, y la rentabilidad de los títulos a 5 años superase el 10%.
Ahora, Portugal tendrá que negociar las condiciones del rescate, que pasarán por nuevas y más duras medidas de ajuste impuestas por la UE y el FMI.
Portugal se convierte así en el tercer país europeo que tiene que ser rescatado como consecuencia de la crisis de deuda soberana en los últimos doce meses. El pasado mes de mayo se aprobó un paquete de ayuda a Grecia de 110.000 millones de euros para un periodo de tres años, de los cuales, 80.000 millones fueron préstamos bilaterales. Mención especial merece también, por su carácter profundamente antisocial el nuevo “rescate europeo” a Grecia.
Entonces se intensificaron los temores ante un posible contagio a otros países y los periféricos vieron cómo sus primas de riesgo (el diferencial entre la rentabilidad de los bonos nacionales y los alemanes, que se toman como referencia en Europa) se dispararon.
El siguiente país en caer fue Irlanda, en noviembre y por culpa de la banca y el agujero que provocó a las arcas del Estado. Al final, Dublín cedió a las presiones internacionales y se le concedió una “ayuda” de 85.000 millones.
En los tres casos, los respectivos gobiernos negaron hasta el último minuto la necesidad de ayuda: por un lado, se percibe como un estigma y, por otro, supone la imposición de condiciones económicas y control al que ningún país quiere someterse.
Toda una lección de comportamiento, a países como España, para que hagan bien los deberes “de recorte antisocial” que desde la UE se imponen, si no quieren tener que renunciar a su soberanía económica y política de manera aún más flagrante.
Una realidad europea bien distinta, es la vivida en Islandia durante los dos últimos años, donde se hizo dimitir al gobierno al completo, se nacionalizaron los principales bancos, y se decidió en referéndum no pagar la deuda que estos, han creado con Gran Bretaña y Holanda principalmente, a causa de su execrable política financiera. Además crearon a principios de año una asamblea popular para reescribir una nueva constitución ajustada a los intereses de las mayorías.
Tras el desplome de la moneda y el hundimiento de la bolsa (que acabó cerrando tras caer un 76%) producto de la crisis especulativa-financiera a finales de 2008, el FMI acude al rescate de Islandia prestando a intereses abusivos 2.100 millones de euros, que completarían los 2.500 millones que también “inyectarían” otros países nórdicos.
Las movilizaciones cada vez más multitudinarias a lo largo de 2009 hacen caer al gobierno conservador, y meses después obligan al nuevo gobierno de “izquierda –socialdemócrata”, a suspender el pago de la deuda externa, después de vencer por un 93% esta propuesta en referéndum.
A todo esto, el gobierno ha iniciado una investigación para dirimir jurídicamente las responsabilidades de la crisis. Comienzan las detenciones de varios banqueros y altos ejecutivos. La Interpol dicta una orden internacional de arresto contra el ex-Presidente Sigurdur Einarsson, que ya está siendo juzgado por sus responsabilidades políticas.
Todo esto, sumado a la convocatoria de una nueva asamblea constituyente que redactará durante las próximas semanas un nuevo tratado constitucional.
Estatal
La situación estatal sigue siendo cuanto menos alarmante; las cifras de paro que nos acercan a los 5 millones de parados y paradas. Y las cifras de precariedad y temporalidad no hacen más que aumentar, así como las tasas de endeudamiento familiar. Las condiciones del conjunto de la ciudadanía no hacen más que degradarse con cada medida antisocial del gobierno, pero la respuesta política, social y sindical a la altura del contexto histórico, sigue sin producirse. .
En esta línea de profundización de los recortes, en el sistema educativo, y en lo que se refiere al ámbito universitario sigue desarrollándose la aplicación de distintos ejes de la EU2015.
Con respecto a las enseñanzas medias, las regresiones están definidas por la orientación neoliberal de la educación secundaria, bachillerato y FP, hacia las necesidades del tejido productivo. Dichas medidas se concretan en la aprobación del Estatuto del Estudiante universitario, que no ha contado con un proceso democrático de debate en la comunidad estudiantil, que no tiene garantías materiales para el cumplimiento de los derechos, mantiene principios del régimen sancionador franquista de 1954, y que crea un Consejo Estatal de Estudiantes Universitarios, de funcionamiento vertical, del cual el presidente es el propio ministro, y no integrador de la pluralidad del movimiento estudiantil.
En el eje de financiación universitaria, dos son las medidas que avanzan en el sentido de la privatización, la precarización y la mercantilización. Por un lado el empeoramiento de las condiciones de pago y devolución de los préstamos para estudios de posgrado y máster, concretadas en la desaparición del interés cero con la creación de intereses, y en la supresión del retraso en la devolución en el caso de que el prestatario no superase al trabajar un salario de 22.000 €.
Por otro lado, se continúa con la planificación del proceso de subida de tasas por el gobierno estatal, a la vez que la prensa se hace eco del Documento de mejora y seguimiento de las Políticas de Financiación de las Universidades, el cual pretende aumentar el coste de las tasas a las y los estudiantes repetidores a partir del curso 2013/2014. El documento que calcula que el estudiante paga el 15% del coste de sus estudios, plantea subir la segunda matrícula a un 50% del coste, y la tercera matrícula al 100%.
Analizando el eje de ‘Gobernanza’, el documento que pretende modificar el modelo organizativo de la universidad pública suprimiendo la débil democracia existente, por un sistema de gobierno empresarial de la universidad al servicio de las necesidades mercantiles, prosigue su proceso de difusión y contrastación con la comunidad universitaria en cuanto a sus posibles oponentes.
La declaración de los presidentes de los consejos sociales de las siete universidades públicas catalanas apoyando firmemente este sistema de gobierno, llevó al Claustro de la UB (Universitat de Barcelona), a iniciativa del movimiento estudiantil y de sectores afines, a votar por la destitución de Joaquín Coello, presidente del consejo social de la UB.
En complicidad con los consejos sociales, el gobierno de la Generalitat de Catalunya ya ha emprendido una ofensiva para defender una postura catalana de impulso del modelo de gestión empresarial de la universidad pública.
Màrius Rubiralta, secretario general de universidades del gobierno español, ya ha anunciado la imposibilidad temporal de modificar la LOM-LOU antes de las elecciones generales para el encaje legal de la reforma.
A su vez, Rubiralta anima a las comunidades autónomas para que dentro del marco de sus competencias, aumenten las funciones de los consejos sociales, hasta cuando se haya modificado el marco legal.
Después de las elecciones del 22 de mayo a las asambleas legislativas de 13 comunidades autónomas, es muy probable que distintos gobiernos autonómicos aceleren el proceso tanto en el eje de ‘gobernanza’, como en el de financiación.
La orientación neoliberal de las enseñanzas medias hacia las necesidades del tejido empresarial se concreta en los últimos meses en las trabas de acceso del estudiantado de FP a la universidad, por la ley complementaria de la ley de economía sostenible que modifica la LOE y la de FP, y por el anuncio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, de crear el bachillerato de excelencia, que sólo avanza en la elitización y en la segregación del estudiantado de secundaria, en lugar de aumentar las partidas presupuestarias en educación para mejorar la calidad general de la educación pública, lo que sienta otra base para un nuevo impulso de la privatización de las enseñanzas medias en un futuro próximo.
El periodo de verano será con toda probabilidad de nuevo la fecha elegida por ayuntamientos y comunidades autónomas, pero también por el Gobierno de España para realizar las próximas reformas educativas y económicas, aprovechando las vacaciones y la dispersión de los movimientos contestatarios.
En relación al movimiento estudiantil, el XV Encuentro de EeM, celebrado en Sevilla los días 11, 12 y 13 de marzo, y acogido por el MAE, ha supuesto un importante avance en lo organizativo, en cuanto que ha permitido acordar un modelo organizativo que supera el punto de encuentro constituyendo una red organizada, consolida las comisiones permanentes como estructuras de trabajo entre Encuentros, e introduce el voto por mayoría de dos tercios, primando siempre el consenso.
En lo político, este encuentro de EeM ha apostado por una estrategia y calendario de movilizaciones unitarias, que se ha traducido en lo más inmediato en una semana de lucha del 4 al 9 de abril desde el discurso contra la precariedad juvenil, y en la preparación de una campaña de comunicación para extender la movilización al inicio del próximo curso político. Paralelamente, se ha continuado con el trabajo de análisis y elaboración de campañas en materia educativa por parte de EeM.
En cuanto a las realidades locales, varias son las organizaciones estudiantiles que han movilizado en los últimos meses y semanas.
Entre estas movilizaciones, podríamos señalar el encierro que tuvo lugar en la USCompostela a finales de enero, la exitosa huelga estudiantil de secundaria de febrero en la Región de Murcia contra los recortes en el sistema público y educativo, que se concretó en una manifestación regional con 2.000 estudiantes, sobretodo de enseñanzas medias, o la manifestación de finales de marzo que reunió a más de 1000 estudiantes en Oviedo en defensa de la universidad pública y contra el proceso de Bolonia.
En cuanto a las movilizaciones desarrolladas en abril, bajo el respaldo de la plataforma Juventud Sin Futuro y Estudiantes en Movimiento (EeM), cabe destacar que han sido de naturaleza muy diversa (charlas, asambleas, manifestaciones, concentraciones…) y que han recibido un respaldo muy irregular en todo el territorio ( Madrid, Sevilla, Murcia, Almería, Alicante, Valencia, Salamanca o Santander), pero por lo general un eco mediático destacable.
Resultó significativo el éxito de la iniciativa Juventud Sin Futuro lanzada desde el movimiento estudiantil madrileño y que convocó una manifestación el 7 de abril a la cual asistieron unas 5.000 personas, y que incluso parece estar extendiéndose como iniciativa propia en algunos territorios del País Valenciá, Baleares, …
Las convocatorias de abril, lanzadas desde el movimiento estudiantil, como único actor político que entendíamos con capacidad de iniciativa, pero dirigidas a movilizar al toda la juventud contra los recortes del gobierno, podemos resolver que han tenido, sobre todo gracias a la repercusión mediática, un moderado éxito.
Estas movilizaciones supusieron un impulso tanto a gran parte de la organización, como al movimiento juvenil sobre todo estudiantil, paralizado tras las movilizaciones de Bolonia y que se encontraba en pleno proceso de reflujo.
Aunque no han alcanzado el nivel de conflictividad social ni el “efecto contagio” en el conjunto del estado que sería de esperar, sí que hay que reconocer el éxito de esta movilización precisamente en un periodo caracterizado por la desmotivación y reflujo de las luchas contra las políticas de ajuste y recorte social.
Es importante, como reto en el corto-medio plazo, seguir participando de la iniciativa “Juventud sin Futuro”, que se ha mostrado como un acierto importante, y las movilizaciones juveniles del 26 octubre de EeM, extenderlas a otros sectores organizados de la juventud (movimientos vecinales, obreros, de barrio, etc...) superando el marco del movimiento estudiantil y consiguiendo que en su seno se involucren sectores no organizados de la juventud.
En la medida de las posibilidades de cada territorio, y de forma natural y planificada, la coordinación de nuestra intervención en cuanto a estas movilizaciones tendrá que pasar inevitablemente y de forma gradual de las estructuras sectoriales a las unitarias, en la medida que las protestas y las manifestaciones vaya superando el ámbito meramente estudiantil.
No podemos renunciar a participar en espacios político-sociales que garantizan el aumento y la visualización pública del conflicto social.
Por otro lado, y como veníamos advirtiendo, debemos tener en cuenta el desarrollo de las negociaciones entre la patronal y los sindicatos mayoritarios iniciadas en abril, en torno a la negociación colectiva, y que en los últimos días han sido pospuestas hasta después de las elecciones municipales y autonómicas y en las que la CEOE se presenta con propuestas de máximos.
También a tener en cuenta, el globo sonda lanzado en precampaña y campaña electoral por altos cargos de PP y PSOE acerca del “copago” , y que es la primera meta volante hacia la privatización de la sanidad pública, varias administraciones autonómicas (Murcia, Madrid..) ya están estudiando formulas para aplicarlo. Y debemos preocuparnos, porque no parece al menos en el corto plazo, que los sindicatos mayoritarios vayan a rectificar su posición pactista y antisocial.
Como ejemplo paradigmático, pero generalizado, de multinacional que ha contribuido a generar y a aprovechar este agudización de las contradicciones capitalistas, Telefónica-Movistar prevé recortes de más de un 20% de su plantilla en España, lo que supone el despido de 5.600 trabajadores y trabajadoras (que se supone serán “pactados”), mientras ganó 10.167 millones de euros en 2010, el mayor reportado por una empresa española con un incremento del 30,8% respecto a 2009.
De la misma manera, la multinacional ha hecho pública su intención de entregar a sus accionistas casi 8.000 millones de euros en 2012, así como de hacer una revisión del Plan de Incentivos que repercutiría en su equipo directivo en unos 450 millones de euros.
Este plan de la transnacional española, con estos beneficios a costa también de un contexto de crisis, es un grave insulto a la clase trabajadora que representa de manera clara y didáctica quien está pagando la crisis con sus derechos y quienes se están llenando los bolsillos gracias a la misma.
El contexto político estatal, también ha venido determinado, sobre todo mediáticamente, por la ilegalización de las candidaturas de Sortu y la decisión en última instancia, del Tribunal Constitucional de permitir la participación electoral de la coalición formada por EA (escisión del PNV) Alternatiba ( reciente escisión Ezker Batua) e independientes abertzales.
Después de la campaña emprendida por los medios de comunicación y partidos del orden, que han venido ejerciendo una formidable presión sobre los distintos tribunales, de cara a intentar cercenar los derechos constitucionales e inalienables de la coalición Bildu.
Pero el máximo nivel de presión lo ejercen estos medios sobre el conjunto de la sociedad, a la que pretenden hacer ver, que impedir el ejercicio de sus derechos constitucionales a opciones políticas distintas es lo sano, lo recomendable y hasta lo legal. Para ello no dudan en utilizar todo tipo de malas artes y estrategias cuestionables que rayan lo delictivo desde sus tribunas periodísticas.
Todo esto significa, que estas elecciones serán el único proceso electoral desde 2003 en las que podrán concurrir candidaturas de la izquierda abertzale en todos los municipios de Euskadi y Navarra. Y permitirá valorar el apoyo social de la misma tras su decisión de rechazar todo uso de la violencia, incluida la de ETA.
A nivel estatal, debemos de nuevo también destacar el progresivo aumento de la estrategia de criminalización y represión por parte de los poderes públicos contra los movimientos sociales y la izquierda política, en una estrategia que lleva a entre otros, a nuestras militantes y nuestros militantes abocados a juicios, multas, vejaciones y condenas perversas, arbitrarias, injustas… dirigidas a la intimidación represiva contra las acciones contestatarias en toda España. Tenemos ejemplos desde Langreo, a Euskadi, pasando por Córdoba, Barcelona o Madrid.
En este contexto, la Iniciativa Stop Represión, que aún no hemos conseguido que termine de despegar, se sigue mostrando como una herramienta utilísima para generar solidaridad activa, discurso, respaldo político y judicial, así como económico, en torno a la lucha contra la represión y la criminalización de la juventud combativa y revolucionaria.
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