La crisis económica que comenzó en el 2007 ha afectado especialmente a las capas sociales más desfavorecidas, y entre ellas a las personas migrantes residentes en España. Son precisamente éstas las primeras que se quedaron en paro, victimas de oleadas de despidos que se sucedieron cuando comenzó a manifestarse la crisis financiera e inmobiliaria (el 18 % para la población autóctona, un 30 % para la población inmigrante). Actualmente, son casi cinco millones de desempleados/as, cuya mayoría encuentra además mucha dificultad en volver al mercado de trabajo, y poniendo en extrema precariedad la situación personal y familiar de las y los migrantes, ya que su residencia legal en España está ligada a la ocupación de un puesto de trabajo.
Para enfrentarse a esta crisis, las políticas gubernamentales se traducen en ataques sin precedentes de los derechos laborales y sociales, en recortes del gasto público y en el desmantelamiento de los servicios públicos y de garantías sociales. El recorte de los servicios públicos puesto en práctica por parte de todas las administraciones públicas afecta en mayor medida a la población migrante, olvidándose que en los años del “milagro económico”, de la fiebre urbanística, fueron las personas migrantes las que contribuyeron a la creación de riquezas, a mantener altos los beneficios de las empresas constructoras con sus bajos salarios, y con sus cuotas a la Seguridad Social a financiar el superávit de ésta; pero todo ello se olvida y son junto con las y los trabajadores autóctonos los que están llamados a pagar el precio de esta nueva crisis económica.
Frente a estos retrocesos y pérdidas de derechos sociales y en previsión de los conflictos sociales que se puedan desencadenar, el gobierno mantiene y endurece sus leyes y sus políticas de control, con el aumento de los controles policiales de identidad y de las redadas racialmente selectivas, con expulsiones masivas, etc. La propia Ley de Extranjería establece cuál es la migración deseable y cuál puede ser legitima, crea jurídicamente la diferencia en el acceso a derechos laborales, políticos y sociales; es una ley que discrimina y excluye. Las personas migrantes tenemos una ciudadanía limitada.
En este contexto de crisis económica y de expansión de las políticas conservadoras y derechistas en Europa y en España, asistimos cada vez más a prácticas y discursos institucionales racistas y xenófobos. La culpabilización social de la crisis y de la delincuencia a la población migrante, la divulgación de mensajes racistas y populistas tales como “los españoles primero”, crean cabezas de turco y exacerban sentimientos nacionalistas y discriminatorios en la población laboral autóctona. Y en la actual campaña electoral, asistimos una vez más a un uso partidista de la migración y a la utilización de la xenofobia para sacar un rédito electoral por parte de distintos partidos políticos.
Tras las movilizaciones que comenzaron el 15 de mayo de 2011, los medios de comunicación se han tenido que hacer eco de la aspiración de gran parte de la sociedad de que haya cambios profundos en la devaluada democracia española, y los partidos políticos parlamentarios se han visto obligados a comenzar a hablar de reformas democráticas del sistema político.
Hablan de listas abiertas para las elecciones de las cámaras parlamentarias, de impulsar las iniciativas legislativas populares, de establecer un escaño ciudadano para defenderlas, pero se olvidan de una clara restricción democrática que sufre cerca de un millón y medio de personas, por el mero hecho de no tener la nacionalidad española: el derecho de voto, el más decisorio de los derechos de participación política.
La excusa tradicional que las fuerzas políticas parlamentarias han opuesto siempre a la concesión de este derecho es el impedimento constitucional en la necesidad de acuerdos internacionales recíprocos entre España y los Estados de los que sean nacionales las personas migrantes. Pero hoy queda clara la hipocresía del argumento: cuando los mercados y la Unión Europea han reclamado la modificación de la Constitución para consagrar el principio de limitar el gasto público, por un procedimiento exprés se ha hecho esa modificación. ¿Por los intereses de los grandes bancos y empresas europeas hay que modificar la Constitución española y por los derechos de los/as ciudadanos/as extranjeros/as residentes en España, no?
Está claro que el derecho de voto de las personas migrantes no lo van a conceder los partidos políticos parlamentarios por su propia voluntad; todos los derechos que han obtenido reconocimiento a favor de las y los trabajadores y las clases populares han sido a consecuencia de amplias movilizaciones sociales dirigidas contra las instituciones del Estado para que éste reconozca esos derechos. Ese es el único camino que tenemos por delante para conseguir el reconocimiento del derecho al voto para la población extranjera residente en España.
Por todo ello llamamos a todas las organizaciones de migrantes, de apoyo a la población migrante, a organizaciones sociales, sindicales y políticas a defender:
1-El derecho al sufragio activo y pasivo para todas las personas migrantes que residan en España en las mismas condiciones que la población española ya que es uno de los derechos fundamentales de las personas, tal como recoge la Declaración Universal de los Derechos Humanos, así como que la ciudadanía se asocie a la residencia y no a la nacionalidad.
2-Que la Constitución Española y todas las leyes que la desarrollan se modifiquen, de forma que se acoja el derecho al voto en las condiciones anteriormente indicadas.
3-Que se derogue la Ley 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, por ser una ley que crea un régimen jurídico discriminatorio para la población migrante y que va en contra del primer articulo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en el que se afirma que “todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos.
4-Nuestra plena solidaridad y nuestra participación activa con los/as trabajadores/as nativos/as en la denuncia de las políticas de explotación laboral y de recortes sociales, así como de las situaciones de exclusión o violación de los derechos de los migrantes, ya que consideramos que la integración de los migrantes sólo es posible desde dinámicas combativas y vinculadas al movimiento social en lucha contra la explotación, la opresión y el racismo.
26 de octubre de 2011
Primeros firmantes:
Asociación Andina de la Comunidad Valenciana, Asociación Asolar, ACSUR-Las Segovias, Asociación Cultural y Social Puentes No Muros, Asociación Marroquí de Derechos Humanos, Asociación Papeles y Derechos para Todos y Todas, Asociación Sin Fronteras, Colectivo AGAR, Cristianas/os de Base Madrid, Dominicas de la Enseñanza, Ecologistas en Acción, Economistas Sin Fronteras, Ferine, Interlavapies, Izquierda Anticapitalista, Oficina de Derechos Sociales, Sos Racismo Madrid, UJCE, Vía Democrática....
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